El fuerte aumento del desempleo juvenil ha reabierto el debate sobre el SMI y su efectos en el mercado de trabajo.
No es la primera vez que sucede, pero en esta ocasión Suiza ha vuelto a sorprender al mundo con el resultado de unos de los referendums que tan habitualmente sirven para regir la legislación del país helvético. Con una abrumadora mayoría del 76,3% de los votos, los suizos dijeron no al establecimiento por ley de un salario mínimo de 3.300 euros brutos al mes. Suiza es de los pocos países occidentales que no han legislado para establecer esta figura económica tan comunmente aceptada como discutida en los ámbitos académicos y que comenzó a desarrollarse como ley en algunos países a finales del siglo XIX. Alemania, tras el acuerdo de Gobierno entre Merkel y el SPD ha establecido un salario mínimo de 8,5 euros por hora, aunque excluyendo del acuerdo a los menores.
En España, algunos sectores económicos han defendido siempre su eliminación, mientras que en el opuesto ideológico, bajo la capitanía de los sindicatos, defiende que se trata de un instrumiento que evita abusos sobre los derechos de los trabajadores. Un límte infranqueable. Con la crisis y el galopante desempleo juvenil, los partidarios de su supresión alzan la voz en favor de, como mínimo, su modificación. Una medida políticamente controvertida y que supondría un fuerte desgasto electoral para el Gobierno que la asuma. ¿Es factible su modificación? Y, especialmente, ¿sería positivo o pernicioso?
Respecto a una posible eliminación del salario mínimo, Marcel Jansen, profesor de la Universidad Autónoma, se muestra totalmente contrario, aunque sí recomienda un debate sosegado para introducir algunas mejoras: «no soy partidario de grandes reformas, el nivel actual que tiene el SMI es bajo comparado con el resto de salarios, incluso tras la devaluación salarial que ha vivido el país». Por contra, Juan Ramón Rallo, director del Instituto Juan de Mariana, es contrario a esta figura: «El SMI no me gusta como concepto. En los países que van bien económicamente no es necesario y en los que van mal tiende a destruir y a limitar nueva contratación. Es nocivo para el mercado de trabajo».
Jansen, también investigador de Fedea considera que uno de los grandes problemas de la configuración actual en nuestro país se refieren a la ausencia de distinción entre menores y adultos. «Esta carencia hace que el instrumento se quede cojo. Si quieres que el SMI sea razonable no puede ser el mismo para una persona de 16 años que para una de 45». Así, considera que eliminar un SMI específico para jóvenes «fue un error presentado como una medida que mejoraría sus condiciones laborales».
Sí que se muestra partidario de una reforma que contemple un aumento escalonado hasta los 21 años, ya que al reducirlo a los más jóvenes elimina de paso los incentivos para abandonar el sistema educativo. «Pero en cualquier caso debe ser una reforma que se haga en correcta consonancia con la revisión del sistema de formación profesional dual». El profesor estima que «no tiene sentido» que la cantidad del SMI sea para los menores más altas que en Holanda, donde el salario mínimo que perciben los asultos es el doble que el SMI español. «Allí, un menor que no haya superado cierto nivel educativo no puede tener un contrato a tiempo completo. Y los menores perciben 500 euros».
Por su parte, Rallo apunta a los convenios colectivos como problema del mercado de trabajo.«La economía está sometida a los convenios colectivos», cuenta el autor del libro «Una revolución liberal para España». A su juicio, «es imprescindible desmontar la negociación colectiva. El Gobierno está dando pasos, pero a través de un trámite burocrático pesadísimo para cualquier empresa pequeña. Lo que habría que hacer es ir hacia un modelo en el que todas las empresas estén descolgadas por defecto y, en ocasiones, puedan subrogarse a la parte del convenio colectivo del sector en aquellas partes que lo consideren y no en su totalidad. Esto último sí sería útil porque, y en esto sí coincido con los sindicatos, podría ahorrar costes». En su crítica al SMI, Rallo entiende que «no puede ser excusa» que no haya muchos trabajadores afectados por ello, e insiste en que «los convenios colectivos son un SMI de facto».
El experto de Fedea considera que mientras que en el caso de los adultos«no hay demostración de que un SMI tenga un efecto negativo en el empleo para los adultos», algo que considera que sí ocurre en el caso de los jóvenes. «Si aumentas SMI vas a destruir empleo en las partes más bajas de la renta», explica.
Pero, en definitiva, Jansen no es partidario de su supresión, al menos en el caso de los adultos, «porque el mercado laboral está escurrido del lado del empresarios. La modalidad a tiempo parcial en combinación con las horas extras ya da mucho margen al empresario». Además, insiste, «con la reforma laboral ya pierde incidencia la negociación colectiva, por lo que es positivo mantenerlo como referencia infranqueable de los descuelgues de convenio. Sin el SMI se pueden generar bolsas de empleados en las que un trabajo no garantice el poder hacer frente a las necesidades más básicas».
Para reducir los costes salariales, Marcel Jansen ve más apropiado actuar sobre las cotizaciones sociales, «a la vez que se compensa la recaudación con un aumento de la fiscalidad indirecta». Reducir las cotizaciones parece por tanto «menos controvertido políticamente y más garantista sobre los derechos de los trabajadores» que cualquier modificación a la baja del salario mínimo.
En ese sentido, considera que la reducción de cotizaciones que se ha aprobado «está concebida al revés. Tendría que haber sido una gran rebaja de cotizaciones alta en salarios pequeños que se compensase las cotizaciones salariales de los trabajadores con rentas más altas».
Otro de los puntos que critica de la actual configuración del SMI es la excesiva intervención gubernamental en su configuración. «Los partidos mayoritarios tienen visiones opuestas sobre el SMI. En tiempos del PSOE suele subir, aunque si ahora tuviésemos el nivel de 800 euros que prometieron tendríamos un grave problema, mientras que el PP no cree en ello y lo congela»
«En Reino Unido se utiliza una comisión de expertos que analiza el mercado de trabajo y analiza los efectos sobre el empleo, y han conseguido introducir un salario sin efectos perjudiciales sobre el emrcado de trabajo. El SMI no debe ser un arma política», concluye Jansen.
Rallo se muestra muy pesimista sobre la posibilidad de que esta figura se elimine: «No creo que veamos su supresión. Su congelación al menos sí sería positivo, de modo que se vuelva irrelevante», pero apunta a otras medidas para reducir la carga empresarial, destacando la reducción de las cotizaciones sociales. Aunque recuerda que «tocar las cotizaciones implica reformar las pensiones».
Lo que también reconoce es que una supresión del SMI en la actual situación de la economía española si podría provocar «una bajada, un ajuste hasta que la producción se limpie. Pero, como pasa en países que lo tienen, en una economía rica no serían salarios bajos». En resumen, que habría un boom de contratación y con el crecimiento económico los salarios se irían ajustando a la salud de la economía. «El aumento del empleo en España no vendrá solo de reformas en el mercado de trabajo, pero éstas son imprescindibles. La teoría de que todos los salarios tienden a descender es falaz»
El origen del salario mínimo
En 1894 el Estado australiano de Victoria aprobó una enmienda a la Ley de fábricas mediante la que se creaba una junta de salarios. No obstante, dicho organismo no fijó un salario mínimo universal como ahora lo entendemos, sino que se limitó a establecer los salarios básicos de seis industrias que se consideraba que pagaban remuneraciones bajas. Fue la respuesta gubernamental a una serie de movilizaciones de los obreros industriales para protestar por las condiciones de trabajo.
Aquel año Nueva Zelanda aprobó la Ley de Arbitramiento y Conciliación Industrial, como consecuencia de unas protestas que venían produciéndose desde cuatro años antes con una contundente huelga marítima que se desarrolló no solo en el país sino también en la costa australiana, en el Estado de Nueva Gales del Sur.
Esos son los primeros ejemplos de un salario mínimo al modo y manera que lo conocemos actualmente. Pero no fue la primera vez que un Gobierno fijaba la tendencia de determinados salarios. Se puede encontrar un ejemplo buceando en la Historia hasta el siglo IV d.c. En el año 301 la economía del Imperio Romano se vio azotada por una galopante inflación. La masiva acuñación de moneda provocó este efecto en el comercio imperial. El emperador Diocleciano tomó una medida controvertida, que terminaría por causar graves perjuicios a la actividad comercial, pero que representan un buen ejemplo de intervención pública en la fijación de salarios. Mediante el Edicto sobre Precios Máximos no solo se limitaban los precios de ciertos productos, sino que se fijaba el coste de mano de obra en esas industrias.
En Estados Unidos llegó en 1938, en un momento en el que Washington era muy receptivo a las políticas de intervención y que contribuyeron a paliar las situaciones de carestía que todavía vivía el país desde la explosión apenas una década antes de la Gran Depresión. En algunos países europeos comenzó a generalizarse tras la Segunda Guerra Mundial.
En España comenzó a utilizarse a partir de 1963, con cambios sustanciales en su desarrollo durante su evolución. El Real Decreto 1257/1980, de 6 de junio en el que se consagra un salario mínimo interprofesional: «El Gobierno, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones profesionales más representativas, fijará anualmente el salario mínimo interprofesional, teniendo en cuenta el índice de precios de consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. Fue en 1998 cuando se equiparó el SMI de los menores de 18 años con el de los trabajadores mayores de edad, una decisión cuestionada ahora por muchos expertos.
(Noticia extraída de ABC)
